• Exigencia a las Administraciones Públicas de la prevención y abordaje de los problemas de convivencia en su raíz social, comprometiéndose en la lucha efectiva por la reducción de las desigualdades sociales a través de políticas compensadoras.

• Incremento de los recursos para afrontar los nuevos retos de la convivencia tras un análisis de la situación en cada centro.

• Reducción de las ratios.

• Disminución del número de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por aula (un máximo de dos).

• Dotación en cuanto a plantilla: profesorado especializado para una correcta aplicación de los planes de convivencia (2 recursos por centro).

• Dotación de Trabajadores/as Sociales, Mediadoras/es de conflictos, Educadores Sociales, Sanitarios, Auxiliares Educativos…

• Planes específicos de formación en estrategias y técnicas de gestión de la convivencia en el aula para todo el profesorado.

• Extensión de los valores participativos y la corresponsabilidad en la gestión de la convivencia a toda la Comunidad Educativa. Impulso de la educación en valores.

• Rechazo a cualquier contenido y exaltación de violencia física, verbal, gestual, sexual, sexista, racista, organizativa o psicológica que dañe la convivencia en los contextos escolares.

• Aplicación inmediata en los centros docentes de las medidas contempladas en la Ley contra la Violencia de Género.

• Rechazo a una Ley de Autoridad sin dotación de recursos para la prevención de conflictos y sin un apoyo total e incondicional por parte de la Administración hacia el profesorado.

• Compromiso total con los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, impulsando la valoración social de nuestro trabajo, ampliando y mejorando la asistencia jurídica y el apoyo institucional por parte de la Administración.

• Medidas de aplicación e implementación económica para llevar a cabo la ejecución del protocolo de actuaciones dirigido a menores sobre identidad y expresión de género. Docm nº 27 de 8 de febrero de 2017.