Por una escuela pública, laica, gratuita y de calidad para todas y todos.
El progreso de nuestro sistema educativo requiere un cambio sustancial en su financiación. El Estado tiene que comprometerse en ello; exigimos, por tanto, una dotación presupuestaria adecuada para el sistema público aumentando su financiación progresivamente en los próximos cinco años hasta alcanzar un 7% del PIB. Exigimos una Educación Pública que garantice el éxito educativo, de inicio a término, vengas de donde vengas, seas como seas y tengas el dinero que tengas: inclusiva y diversa, democrática, coeducativa y feminista. Y denunciamos públicamente la privatización a la que se está sometiendo la educación, a través de subvenciones públicas a centros privados, a través de la externalización de servicios y a través de la presión de los lobbys formados por las grandes corporaciones de la educación privada.
Por el fin de la política de recortes y la mejora de nuestras condiciones laborales.
Exigimos la retirada, entre otros, de los Decretos-Ley 14/2012 y 20/2012, responsables de las normativas de recortes que han supuesto el incremento de las ratios, el aumento del horario lectivo, la penalización salarial en las situaciones de incapacidad laboral temporal (bajas médicas) y la falta de cobertura de las bajas con las pertinentes sustituciones, cuando no su injustificable retraso. Exigimos, a su vez, la recuperación de todo el poder adquisitivo perdido durante la mal llamada “crisis” (hasta un 30% en algunos casos), el mantenimiento con carácter indefinido (y en su caso negociación de una mejora de las actuales condiciones) de la jubilación voluntaria del profesorado, el cumplimiento estricto de la Ley de prevención de Riesgos Laborales y el reconocimiento de todas las enfermedades profesionales docentes según la legislación internacional.
Por la derogación de la LOMCE y su sustitución por una ley fruto del acuerdo con toda la comunidad educativa.
Estamos en contra del actual modelo educativo neoliberal que concibe la Escuela en términos empresariales, que hace que las familias compitan por seleccionar centro (distrito único), que el profesorado compita por conseguir las mejores puntuaciones (en evaluaciones externas), que los centros compitan entre ellos (con programas de “innovación educativa” que terminan segregando al alumnado según su procedencia socioeconómica). Exigimos una nueva ley educativa progresista, inclusiva, compensadora de desigualdades, que no seleccione ni segregue al alumnado, laica, democrática y que eduque para la igualdad real entre mujeres y hombres, el espíritu crítico y el compromiso con los valores transformadores de la sociedad. NO, a la Estrategia Europea 2020.
Por la democratización de nuestros centros.
Exigimos medidas organizativas y de funcionamiento de los centros educativos basadas en la cultura de la igualdad, el trabajo en equipo y la toma de decisiones de manera colectiva. Esto implicará que los órganos colegiados (Claustro y Consejo Escolar) pasen a ser verdaderos entes de gobierno, se modifiquen las competencias de los equipos directivos, se elimine el actual sistema de selección de los mismos y, en su lugar, implantar una elección democrática en la que participe toda la comunidad educativa, convirtiéndose el director/a de un centro en el representante del mismo y no de la Administración educativa.
Por la igualdad en el trabajo docente.
Mejorar la consideración del profesorado no se logra sometiéndolo a evaluaciones externas de las que luego se haga depender parte de su salario; tampoco se logra mediante políticas de ascenso de un cuerpo a otro. Frente a cualquier modelo de carrera docente jerarquizadora exigimos el establecimiento de un Cuerpo Único de Enseñantes, con idénticas condiciones laborales para todas y todos, y que permita movilidad horizontal y vertical hasta la universidad, por concurso de méritos. Igualmente, es necesario alcanzar la igualdad salarial y el resto de condiciones para el profesorado interino y funcionario de carrera.
Por la consolidación y estabilidad laboral del profesorado interino.
Las elevadas tasas de interinidad son debidas al fraude de ley cometido de manera interesada y constante por las administraciones educativas, especialmente con las políticas de los recortes aplicados con excusa de la crisis. El reciente Acuerdo para la Mejora del Empleo Público elude la responsabilidad de los poderes públicos y supone una amenaza para la continuidad en su trabajo de miles de profesoras y profesores interinos. Exigimos, en consecuencia, voluntad política para negociar las reformas legales necesarias que garanticen, mediante fórmulas como el acceso diferenciado, la consolidación laboral del profesorado interino como funcionariado de carrera y, mientras esto se consigue, es necesario acordar pactos de estabilidad en cada territorio para contrarrestar los efectos de dicho acuerdo.
Por la equidad e igualdad entre mujeres y hombres.
Exigimos la aplicación inmediata en los centros docentes de las medidas contempladas tanto en la Ley contra la Violencia de Género como en la Ley de Igualdad. Además, exigimos la introducción de modificaciones en el currículo y la revisión de los materiales curriculares, según la perspectiva feminista (con las aportaciones de las mujeres de las diversas ramas del conocimiento y de las artes). Demandamos también el desarrollo de campañas de sensibilización hacia la coeducación, planes y agentes de igualdad en todos los centros educativos y mejoras sustanciales en el terreno de las licencias y permisos relacionadas con la maternidad y la paternidad.
La educación no es un mercado.
Es ineludible detener la política de conciertos e ir reduciendo progresivamente su financiación pública hasta la superación de la actual doble red. De manera más inmediata proponemos lo siguiente: paralización de la política de conciertos educativos con empresas privadas y de cesión de suelo público. Eliminación inmediata de los conciertos con los centros que segregan alumnado en función de sexo o de cualquier otra circunstancia. Eliminación progresiva de todos los conciertos educativos.
Por una apuesta clara por la escuela rural.
Sufrimos un grave problema demográfico que afecta especialmente a nuestra población rural, que amenaza muy seriamente a nuestros pueblos. Ni tan siquiera las medidas que desde Educación podrían articularse, como el establecimiento de normas de organización y funcionamiento específicas o medidas compensatorias en plantillas para CRA y centros incompletos, serían suficientes para sostener el proceso de abandono de esta población. Se hace pues muy necesario, la coordinación entre administraciones de la propia región, como también de ámbito nacional y europeo. Por otro lado la recuperación del Acuerdo de Itinerancias original, es una justa reivindicación del profesorado itinerante que pone su vehículo al servicio de la Administración de forma obligada. Dicho acuerdo debe ampliarse a los nuevos colectivos que se desplazan por razones de servicio.
Por un pacto social por la escuela pública.
Exigimos que el Pacto Educativo sea ante todo un gran acuerdo social entre los distintos sectores de la educación pública. Nos oponemos a un pacto educativo que se limite simplemente a un acuerdo político entre grupos parlamentarios, que volvería a dejar a la Enseñanza Pública como moneda de cambio para la negociación política y expuesta a los intereses del mercado. Los agentes de dicho pacto serían las organizaciones representativas de los trabajadores y las trabajadoras de la enseñanza pública y la comunidad educativa. En ningún caso podrían participar la patronal privada y otros poderes fácticos, tales como representantes de cualquier confesión religiosa mayoritaria o minoritaria. En ese gran acuerdo social los STEs, como representantes mayoritarios del profesorado, defenderemos las posiciones que hemos fijado en este decálogo. Solo un acuerdo de esta naturaleza dotará de verdadera estabilidad y calidad al sistema educativo.